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    El derecho penal y el COVID-19

    El Derecho Penal actualmente es cuestionando por la comunidad en general por la pandemia provocada por la propagación del Covid – 19

    esto debido a que el Derecho Penal es el llamado a responder preguntas como ¿qué sucede con los delitos que se cometen durante la pandemia? ¿qué pasa con las personas que están privadas de la libertad? U otras como ¿si alguien está en la prisión y cumple la pena, puede salir o se debe quedar privado de la libertad?

     Pues bien, el Derecho Penal, con su amplio compendio de normas y derechos fundamentales debe resolver estos interrogantes. Actualmente (al momento de publicación del presente artículo) la Rama Judicial en Colombia, encabezada por el Consejo Superior de la Judicatura ha suspendido términos judiciales, por lo menos, hasta el día 10 de mayo del presente año, y ha presentado diversas excepciones como, por ejemplo, los asuntos penales cuyo tema principal sea el derecho a la libertad, regulado tanto por la constitución como por las normas y derechos que componen el Derecho Penal. No obstante, hay personas que, teniendo el derecho a la libertad, éste ha dejado de materializarse por la suspensión de términos, el diferimiento de audiencias preliminares o la falta de logística para adelantar las audiencias virtuales con el aprovechamiento de la tecnología que el siglo XXI nos ofrece

    . Esto a pesar de que la Administración de Justicia es una función del Estado de carácter permanente, y más en su especialidad Penal, donde se tratan asuntos sobre derechos fundamentales como la libertad. Lo anterior, sin tener en cuenta los derechos de otras personas como, por ejemplo, terceros de buena fe quienes necesitan solicitar a un juez de control de garantías que se protejan sus derechos contenidos por el Derecho Penal, o más aun las víctimas, quienes necesitan solicitar igualmente medias cautelares y demás protecciones a sus derechos fundamentales.

     Pues bien, hablando de las personas que hoy se encuentran privadas de la libertad, el Derecho Penal se ve integrado por el decreto 546 de 2020, el cual trae como medidas para la mitigación del contagio del Covid – 19 la posibilidad de concesión de la detención preventiva y la prisión domiciliaria transitoria, bajo ciertos parámetros, por ejemplo, personas con 60 años de edad o más, madres gestantes o con menores de 3 años de edad o menos, personas con grave estado de salud, entre otros. Lo negativo de este decreto es la lista de delitos que se encuentran excluidos para estos beneficios, es decir, si la persona privada de la libertad lo está en virtud de alguno de los delitos allí contenidos, así tenga, por ejemplo, 60 años o más, no podrá ser beneficiado por este decreto, y deberá esperar cumplir con los requisitos de las normas generales del Derecho Penal para obtener alguna sustitución del cumplimiento de la pena o la libertad mismas.

    Dicho decreto si bien busca solucionar en alguna medida el hacinamiento en las cárceles y prisiones del país, en realidad su aplicación no cumple con el fin propuesto que es, “evitar el contagio de la enfermedad coronavirus del COVID-19, su propagación y las consecuencias que de ello se deriven”, esto es porque la gran mayoría de personas privadas de la libertad lo están en virtud de alguno de los delitos excluidos. O lo que es igual, las personas que hayan cometido algún delito que no se encuentre allí, es porque desde el principio, por regla general, no se encuentra privado de la libertad en centro de reclusión. Es claro el problema que estamos enfrentando desde el Derecho Penal y su aplicación misma, por esto actualmente la comunidad académica del Derecho Penal ha elevado solicitudes para que se tomen medidas serías frente al hacinamiento carcelario y para mitigar la propagación del Covid – 19 en las cárceles y prisiones del país.

     Así mismo el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia a acudido a instancias internacionales con el fin de solicitar que se apliquen medidas cautelares en Colombia para prevenir el contagio de dicho virus. Con lo anterior, es necesario estar atentos frente a las posibles medidas que se puedan tomar para la protección de la Población Privada de la Libertad, quienes, no se nos puede olvidar, también son personas y tienes derechos fundamentales.

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